Pueblos indígenas de diferentes regiones del país promovieron 14 amparos contra la reforma a la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, pues no fueron consultados y dichas modificaciones vulneran sus derechos.
En entrevista con Animal Político, Rafael Ornelas, presidente del Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios, Comunidades Indígenas y Afroamericanos, informó que los amparos buscan impugnar el decreto publicado el pasado 11 de diciembre, pues acusan al Estado mexicano que ha incurrido de manera reiterada en reformas que afectan directamente la vida y organización de los pueblos originarios sin cumplir con el proceso de consulta previa, libre e informada.
“La mayor afectación de este decreto, de esta ley es la no consulta a los pueblos originarios porque jamás se nos tomó en cuenta, no se nos ha tomado en cuenta. De manera reiterada el Estado mexicano, específicamente el Ejecutivo Federal y el legislativo, han estado haciendo reformas, han estado haciendo modificaciones que afectan a la vida pública, a la vida cotidiana de los pueblos originarios en México porque nos han estado afectando en muchos sentidos, pero el principal es la no consulta, señaló.
Indicó que esta omisión viola los principios establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Advirtió que dichas reformas afectan el acceso y uso del agua, considerada por los pueblos originarios como “un bien sagrado y un derecho humano”, indispensable para la subsistencia, la autonomía alimentaria y la preservación de sus comunidades.
Los amparos fueron promovidos por comunidades indígenas de todo el país, incluyendo pueblos tzotziles y tzeltales en Chiapas; zapotecos y mixtecos en Oaxaca; ñañus en Hidalgo; chichimecas en Guanajuato y Zacatecas; yoremes en Sinaloa; así como comunidades indígenas y migrantes en Baja California Sur, Estado de México y la Ciudad de México, entre otros. En Baja California Sur, un juez tercero de distrito con sede en La Paz admitió de inmediato el amparo.
Ornelas declaró que la audiencia para resolver la suspensión provisional del decreto fue diferida para el 27 de enero, luego de que la Presidencia y el Congreso de la Unión no respondieran al informe solicitado por el juez sobre la supuesta consulta a los pueblos indígenas.
“Ahí es donde el juez de distrito va a tomar la decisión de suspender provisionalmente el decreto hasta que no se haga el estudio de fondo para para una posible suspensión definitiva”, aclaró.
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