Daniel H Lemus*

Un cruce de datos de la Comisión Nacional Forestal y el Registro Agrario Nacional revela que entre 2022 y 2025, el 53 % de los incendios forestales en Morelos ocurrieron en ejidos y comunidades, también conocidos como núcleos agrarios. Esto invita a reflexionar sobre la corresponsabilidad del cooperativismo en la atención de las causas de dicho problema.

El derecho agrario tiene origen en la existencia de comunidades y ejidos, que de acuerdo con el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) son parte del sector social de la economía como formas de propiedad resultado del proceso histórico de la Revolución Mexicana. Ambas figuras permiten poseer, trabajar y administrar la tierra.

Los ejidos y comunidades son formas de organización, también denominados como núcleos agrarios, están reconocidas jurídicamente para otorgar derechos individuales y colectivos sobre las tierras campesinas para su uso y usufructo en esquemas de propiedad social, gestionados a través de una Asamblea, un Comisariado y un Consejo de Vigilancia.

Ambas figuras están protegidas por instituciones como el Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria y los Tribunales Agrarios, pero a pesar de que la mayor parte de ellas están certificadas legalmente, tienen conflictos internos y en el caso de Morelos, enfrentan una crisis estructural relacionada con los incendios forestales.

La Ley General de Protección Civil establece la atención de desastres y emergencias antes, durante y después de su ocurrencia. Para el caso de los incendios forestales en núcleos agrarios, esto se puede lograr integrando una visión científica y participativa con mecanismos para reducir la desconfianza, la desorganización y la resignación.

En Morelos hay 206 ejidos y 26 comunidades, pero a pesar de que el 94% están certificados, esto no

 se traduce en una gobernanza efectiva ante un escenario donde el 60% de los incendios son causados intencionalmente, lo que podría desencadenar crisis locales si no se atiende oportunamente con recursos y judicialización.

El análisis municipal del periodo 2022–2025 confirma que Tepoztlán y Huitzilac acumulan más de 340 incendios, configurándose como los principales epicentros de la problemática, así como evidenciando el deterioro institucional reflejado también en casos como el de la casa del senador Gerardo Fernández Noroña.

La construcción ilegal dentro de la comunidad agraria de Tepoztlán simboliza la impunidad y desde la teoría de las ventanas rotas, muestra que ante la permisividad; los núcleos agrarios deben organizarse para resistir y reivindicar sus derechos.

A nivel filosófico, toda omisión es una forma de elección, que debe asumirse como complicidad silenciosa. Esto implica negligencia al no abordar los problemas de raíz, ante lo que Locke plantea una idea de gobierno civil donde las comunidades tienen derecho a reorganizar la gestión territorial con acciones articuladas y basadas en participación real.

Aprovechar alternativas como el Fondo para el Manejo del Fuego y Restauración (FOMAFUR) para elaborar e implementar propuestas de manejo ecológico del fuego alineadas de acuerdo con necesidades específicas a nivel regional, es una forma de atender a ejidos y comunidades como organismos de la Economía Social y Solidaria.

Desde el vínculo con autoridades, el NODESS Morelos solidario y cooperativo tiene la oportunidad de no solo enfocarse en la creación y fomento de cooperativas, sino de aplicar la idea de Hannah Arendt, que profundiza en la solidaridad como la capacidad de compartir el padecimiento ajeno, guiada por la razón y sin distinciones.

*Desastrólogo y periodista de oficio especializado en contar historias de resiliencia rural con mapas, datos y podcast. danielhernandez317@aragon.unam.mx