La Revolución Mexicana representó la expresión más clara del reclamo popular frente a las profundas desigualdades sociales que imperaban bajo un sistema dominado por élites militares, económicas, religiosas y caciquiles.
Una oportunidad renovada para la justicia indígena en México
La Revolución Mexicana representó la expresión más clara del reclamo popular frente a las profundas desigualdades sociales que imperaban bajo un sistema dominado por élites militares, económicas, religiosas y caciquiles.
En este contexto, la Revolución colocó en el centro de la vida nacional a un actor históricamente reprimido, humillado y segregado: la población indígena. No es casual que la demanda de “Tierra y libertad” se convirtiera en grito de guerra para poner fin a lustros de injusticias y atropellos contra las comunidades más pobres del país. En ese sentido, Emiliano Zapata, antes como ahora, sigue siendo el símbolo de la lucha contra la opresión y la tiranía ejercida desde el poder.
A lo largo de nuestra historia, la construcción del Estado mexicano ha tenido momentos luminosos, como el cardenismo, que logró encauzar demandas del sector obrero, campesino y popular. Aquella fue una época de oro en la que se alcanzaron avances significativos en diversas materias, entre ellas el reparto agrario.
No obstante, en lo que respecta a la justicia indígena, si bien se han dado pasos relevantes, aún queda un largo y sinuoso camino por recorrer, sin dejar de lado las resistencias que persisten hasta nuestros días.
En este marco, la llegada de Hugo Aguilar —abogado de origen indígena— a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), junto con ministros electos por voto popular, constituye un hecho histórico. Se trata de la profundización de un proceso que comenzó antes de 2018, se consolidó en 2024 y que, en pleno 2025, alcanza su máxima expresión con un sistema judicial renovado.
El desafío no es menor: basta observar el grado de descomposición y rezago heredado de la pasada Corte. Aún así, las expectativas depositadas en los nuevos ministros son altísimas, aunque el tiempo para demostrar resultados sea escaso. La tarea consiste en transformar un sistema acostumbrado a privilegios, favoritismos y corruptelas.
En materia indígena, hay puntos clave que deben discutirse en un marco amplio, plural, incluyente, transversal, histórico y profundamente humano. Entre ellos, destacan los siguientes:
1. Reconocimiento de la riqueza pluricultural
Las comunidades indígenas son organismos vivos que, desde sus raíces, preservan fiestas, tradiciones, rituales, costumbres, lenguas y formas propias de entender el mundo. Legislar o impartir justicia sin atender a esta riqueza pluricultural significaría ignorar la esencia de nuestros pueblos.
2. El territorio como herencia legítima
Para las comunidades indígenas, el territorio es un espacio al que pertenecen y que reivindican como herencia legítima, mucho antes de la llegada de la Corona española. El despojo y las masacres sufridas durante siglos siguen siendo heridas abiertas, hoy encarnadas en la voracidad de consorcios y empresas. En este ámbito, la deuda histórica del Estado es enorme, y el sistema judicial debe asumir un papel central en su resarcimiento.
Como señala Carina García: “Los casos que litigan las comunidades indígenas en defensa de derechos colectivos son generalmente de dos tipos: contra empresas y contra el Estado mexicano, a través de sus instituciones; estos últimos, por incumplimiento de servicios, por ejemplo, agua, salud y educación” (2025).
3. Respeto al medio ambiente y sostenibilidad
Desde la cosmovisión indígena, la madre tierra forma parte de un todo junto con la vegetación, la fauna y los seres vivos. Existía un profundo respeto por el entorno natural. Respetar hoy el medio ambiente y el territorio implica frenar el modelo económico extractivista y, en algunas ciudades, contener la ambición de las inmobiliarias. En este tema está en juego no solo la sostenibilidad de las comunidades indígenas, sino la preservación misma de la civilización. Resulta indispensable que la SCJN haga frente al desacato de los gobiernos locales.
4. Preservación del patrimonio cultural
El cuidado de las zonas arqueológicas, parte esencial de nuestro patrimonio, requiere políticas públicas que incluyan a las propias comunidades en su resguardo. El legado de nuestro pasado —centros ceremoniales, pirámides, esculturas, códices, ecosistemas— debe ser promocionado, sí, pero sobre todo protegido.
Estos puntos abren la discusión hacia dos temas de gran relevancia en las últimas décadas: la autonomía y el ejercicio pleno de los derechos de los pueblos indígenas.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha dado los primeros pasos. Hoy, la SCJN y el Congreso de la Unión cuentan con las condiciones históricas y materiales para consumar lo que enarbolaron Zapata, los hermanos Flores Magón, Revueltas, Cárdenas y muchos otros: que nuestras comunidades indígenas nunca más queden en el olvido ni al margen de las grandes decisiones nacionales. Es trascendental pasar del discurso a la acción e iniciar un verdadero proceso transformador que comience desde el Gobierno Federal y se extienda, transversalmente, a los gobiernos estatales y locales, responsables inmediatos de vigilar el cumplimiento de la normatividad.
Como recuerda Tomás López, presidente del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (CEPIADET): del 100% de los asuntos que se tramitan en el país, el 80% corresponde a los poderes judiciales estatales, mientras que apenas el 20% llega al Poder Judicial Federal (PJF). Esto demuestra la enorme responsabilidad de los gobiernos locales en la atención de este volumen de casos.
Por su parte, la académica Ortiz Quintero destaca la relevancia de la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos colectivos de derechos, con personalidad jurídica, patrimonio propio y pluralismo jurídico. Este avance es crucial no solo por el reconocimiento en sí mismo, sino porque otorga a las comunidades la posibilidad de presentar amparos y otros recursos, como controversias constitucionales.
Ejemplo de casos pendientes de resolución por parte de la SCJN en materia indígena Número de Tipo Tema expediente
Expediente
Tipo
Asunto
344/2025
Amparo en revisión 536/2022
Establecer criterios claros de interpretación respecto de derechos de autonomía, libre determinación y autogobierno de pueblos y comunidades acorde al convenio 169 de la OIT. Reconocimiento júrido de gobiernos comunitarios. Obligación de la autoridad de garantizar las instituciones sociales, económicas, culturales y políticas. (Chiapas)
324/2025
Amparo en revisión 277/2024
Inexistencia de una consulta a una comunidad índigena para la expedición de permisos de construcción de un fraccionamiento, determinar los alcances de la esfera jurídica de las personas que integran las comunidades indígenas. (Oaxaca)
1856/2025VIAJ
Varios
Habla sobre el reconocimiento de derechos y de su cultura a comunidades indígenas y afromexicanas así cómo la participación del gobierno tradicional comunitario e independiente en el desarrollo.
1485/2025
Varios
En el Estado de México es sobre una omosión del Congreso local para armonizar la Constitución local a la reforma del artículo 2 de Carta Magna en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas
32/2025
Amparo directo 460/2022
Proceso penal por el delito con violencia. Aplicación del protocolo de actuación para impartidores de justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad; deberá proporcionarse asistencia de in perito intérprete en la lengua Náhuatl y un abogado especializado en su lengua y cultura que lo asista.
Fuente: Elaboración a partir de los datos presentados por Carina García (2025)
Este breve recuento es apenas una muestra del enorme reto que enfrentan los nuevos ministros de la Suprema Corte. Ahora corresponde a la sociedad asumir un papel más activo y exigir el cumplimiento de lo que ya está plasmado en la Constitución.
La llegada de Hugo Aguilar, de raíz indígena, no significa que todo se transformará de la noche a la mañana. Sin embargo, constituye una señal inequívoca de los tiempos de cambio que nos toca vivir. Confiamos en que esta nueva Corte acerque la impartición de justicia al pueblo de México.
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