El funcionario había denunciado amenazas de grupos criminales, cuestionado presuntas irregularidades dentro del Ayuntamiento y advertido sobre posibles consecuencias relacionadas con la delincuencia organizada. Su protección fue retirada meses antes de su asesinato. La Fiscalía contempla llamar a comparecer a integrantes del Cabildo y funcionarios del Tribunal de Justicia Administrativa.
Cuernavaca, Morelos.– El asesinato del regidor Gabriel Rivas Ríos, ocurrido el pasado 4 de noviembre en el poblado de Acapantzingo, ha puesto bajo escrutinio una serie de denuncias, advertencias y conflictos políticos que el propio funcionario hizo públicos durante su gestión en el Ayuntamiento de Cuernavaca.
Más allá del ataque armado que terminó con su vida, existen interrogantes sobre las amenazas que había denunciado, el retiro de las medidas de protección que le fueron asignadas y los señalamientos que realizó sobre presuntas irregularidades en establecimientos comerciales, decisiones administrativas y adquisiciones municipales.
AMENAZAS Y RETIRO DE PROTECCIÓN
Uno de los antecedentes más delicados fue reconocido por el propio alcalde José Luis Urióstegui Salgado, quien confirmó que aproximadamente un año y medio atrás Gabriel Rivas denunció amenazas provenientes de un grupo delictivo.
De acuerdo con el edil, tras presentar la denuncia se le asignaron escoltas; sin embargo, meses después las medidas dejaron de continuar, debido a que eran consideradas provisionales.
El alcalde reconoció que desconoce por qué se retiró la protección, situación que ahora representa una de las interrogantes que deberán esclarecerse: ¿quién determinó que el riesgo había desaparecido?, ¿se realizó una evaluación de seguridad?, ¿qué autoridad dio seguimiento a las amenazas?
LAS ADVERTENCIAS SOBRE LA PRESENCIA DE LA DELINCUENCIA EN EL AYUNTAMIENTO
Otro episodio que ha cobrado relevancia es una intervención de Gabriel Rivas durante una sesión de Cabildo, en la que cuestionó que existieran advertencias sobre posibles consecuencias con grupos criminales al momento de ejercer su voto.
El regidor relató que, al oponerse a una propuesta relacionada con la Comisión de Alcohol, habría existido resistencia para registrar su voto en contra, bajo el argumento de que podría tener consecuencias con la delincuencia organizada.
En aquella intervención mencionó a la regidora Paz Hernández Prado y al secretario del Ayuntamiento, Óscar Cano Mondragón.
También cuestionó las condiciones en las que operaban determinados establecimientos nocturnos que, según sus denuncias, carecían de licencias de funcionamiento.
Rivas señaló que el secretario municipal le habría manifestado que no expondría a los inspectores enviándolos a determinados establecimientos, debido a los problemas que supuestamente representaba la presencia de grupos criminales.
Estos señalamientos deberán ser contrastados con las declaraciones de las personas mencionadas y los registros oficiales. Hasta ahora, no constituyen por sí mismos pruebas de complicidad o participación de funcionarios en actividades criminales.
MÁS DE 80 MILLONES DE PESOS BAJO CUESTIONAMIENTO
Las denuncias del regidor también alcanzaron el manejo de los recursos públicos.
Rivas cuestionó la falta de transparencia en adquisiciones municipales que, según sus señalamientos, superaban los 80 millones de pesos durante 2025.
También puso en duda la concentración de compras en un reducido grupo de empresas, pese a que el padrón municipal contaba con más de 200 proveedores registrados.
El entonces regidor exigía conocer quiénes eran los beneficiarios de esos contratos, qué productos y servicios suministraban y bajo qué procedimientos se asignaban las adquisiciones.
Se trata de señalamientos administrativos que requieren revisión documental y respuestas de las áreas responsables del Ayuntamiento.
LA CAZAHUATERA: EL ÚLTIMO CONFLICTO ANTES DEL CRIMEN
Uno de los asuntos más recientes en los que participó Gabriel Rivas fue la oposición al proyecto inmobiliario proyectado en el predio conocido como La Cazahuatera, donde se pretende desarrollar un complejo de departamentos y suites hoteleras.
El 4 de noviembre, horas antes de ser asesinado, el regidor acudió al Tribunal de Justicia Administrativa para abordar asuntos relacionados con el proyecto y cuestionar resoluciones que, desde su perspectiva, favorecían su desarrollo.
Rivas había señalado públicamente a la empresa Verde Portenta y cuestionado presuntas irregularidades en torno a los proyectos inmobiliarios promovidos en Cuernavaca.
Después de su asesinato, el alcalde José Luis Urióstegui anunció que buscaría gestionar ante los gobiernos estatal y federal la expropiación del terreno para proteger la zona.
La coincidencia temporal entre las actividades públicas del regidor y el ataque armado obliga a investigar todas las circunstancias, aunque hasta el momento no existe una determinación oficial que establezca que el conflicto inmobiliario fue el móvil del homicidio.
LA FISCALÍA VOLTEA HACIA EL CABILDO
El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, informó que no se descarta llamar a comparecer a integrantes del Cabildo de Cuernavaca, funcionarios del Tribunal de Justicia Administrativa y representantes del desarrollo inmobiliario relacionado con La Cazahuatera.
La investigación contempla revisar las intervenciones públicas de Gabriel Rivas, los videos de sus participaciones en sesiones de Cabildo y la documentación relacionada con los asuntos que atendió antes de ser asesinado.
La eventual comparecencia de estas personas forma parte de las diligencias ministeriales y no significa que exista una imputación en su contra.
LAS PREGUNTAS QUE SIGUEN SIN RESPUESTA
El asesinato de Gabriel Rivas deja una serie de cuestionamientos que no pueden quedar únicamente en declaraciones públicas:
¿Quién determinó retirar las medidas de protección que tenía asignadas?
¿Qué seguimiento dieron las autoridades a las amenazas que denunció?
¿Se investigaron las advertencias sobre posibles represalias de grupos criminales dentro de las actividades del Ayuntamiento?
¿Qué ocurrió con las denuncias sobre establecimientos que presuntamente operaban sin licencia?
¿Quiénes concentraron las adquisiciones municipales por más de 80 millones de pesos y dónde está la documentación que respalda esas operaciones?
¿Existe alguna relación entre los conflictos que enfrentó por La Cazahuatera y el ataque que terminó con su vida?
Por ahora, ninguna de estas circunstancias permite señalar a una persona o funcionario como responsable del homicidio.
La responsabilidad de esclarecerlas corresponde a las autoridades ministeriales.
Lo que sí resulta indispensable es que la investigación no se limite a identificar a quienes ejecutaron el ataque armado, sino que reconstruya las amenazas previas, los conflictos denunciados y las decisiones institucionales que pudieron haber influido en el nivel de riesgo que enfrentaba el regidor.
Gabriel Rivas había hecho públicas sus preocupaciones mientras ejercía un cargo de representación popular. Hoy, tras su asesinato, esas denuncias forman parte de una historia que la Fiscalía tiene la obligación de investigar y esclarecer.
Porque la justicia no solamente exige encontrar a quienes dispararon. También exige conocer quién ordenó el crimen, cuál fue el móvil y si las advertencias que hizo Gabriel Rivas fueron atendidas oportunamente.
